El objetivo del presente estudio fue conocer las creencias de una muestra de 295 estudiantes de los grados de Psicología, Criminología, Derecho y Medicina sobre las agresiones sexuales (AS) y el abuso sexual infantil (ASI), así como analizar las diferencias en cuanto a estas creencias en función del sexo, la titulación que se encuentran cursando, y las respuestas entre ambos delitos. Los análisis realizados mostraron importantes diferencias en las respuestas de los estudiantes en función de su sexo y, especialmente, su titulación, tanto en el caso del ASI como de las AS. En cuanto a diferencia por género, las mujeres demostraron tener mayor conocimiento de la realidad que los hombres, mientras que respecto a las diferencias por grado los alumnos de Psicología y Criminología demostraron en general tener mayor conocimiento sobre estos delitos que los de Medicina y Derecho. Finalmente, se encontraron diferencias significativas en sus creencias acerca del ASI y AS, especialmente en lo referente a la identidad del agresor o la posibilidad de revictimización.

Se exponen los resultados de un trabajo donde a partir de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas y un formato de exploración de consecuencias y conductas reforzadoras se exploraron las maneras en que las variables territorialidad, poder y agresión inciden en el comportamiento de jóvenes pandilleros de la Ciudad de León, Guanajuato, México, sobretodo en lo que respecta a las practica recurrente de violencia y agresión física. Los hallazgos muestran que tanto al explorarse a través de la conducta lingüística como con un formato indirecto, la territorialidad es la variable más ponderada en los medios pandilleriles, sin embargo de acuerdo con lo reportado en las entrevistas es seguida de la agresión, variando con lo reportado en el formato indirecto, donde el poder resultó la segunda variable más considerada.

La prevención como una eficaz y adecuada atención a niños víctimas en situación de desprotección o de riesgo de sufrirla, es una ardua tarea, que requiere una gran cantidad de esfuerzo y una labor coordinada que implique a las administraciones públicas, a la población general (implica a los menores como ciudadanos corresponsables de la sociedad en la que viven) y a los profesionales en contacto con el mundo de la infancia y de la familia. No sólo es responsabilidad exclusiva de las administraciones públicas con competencias en materia de protección a la infancia. Sin embargo, se hace necesario una actuación inmediata y eficaz por parte de todos los profesionales implicados, en la labor de prevención (tan pronto como se detecte una posible situación de victimización del menor), como de notificación a los profesionales que han de llevar a cabo las actuaciones oportunas (coordinación y colaboración interinstitucional), o de intervención (asistencia, y protección) de equipos multidisciplinares, integrada en un plan de actuación amplio o global (previa valoración de la situación) en los casos en que sea necesario adoptar determinadas medidas de protección, que velen por los derechos y el adecuado cumplimiento de los deberes del menor. Todo ello, para garantizar una actuación integral. Sin embargo, la atención a la menores victimizados es actualmente perfectible y susceptible de incorporar nuevos enfoques y nuevas propuestas que la acerquen a una atención lo más integral posible.

Los objetivos que el trabajo persigue son los siguientes: 1) exponer y defender una visión “veritativo-promotora” (o “conducente a la verdad”) del proceso jurisdiccional en general, y del proceso penal en particular; 2) explicar los vínculos que esta visión mantiene con el modelo teórico “mínimo y garantista” de Luigi Ferrajoli; 3) determinar, en términos generales, si en la experiencia estadounidense y mexicana el proceso penal funciona o no como un mecanismo garantista que respeta la presunción de inocencia y que tiende a averiguar la verdad, y; 4) hacer algunas recomendaciones de política pública para mejorar el desempeño de la investigación penal.

La Criminología Crítica ha sido poco discutida en la academia mexicana, por lo que la explicación de la criminalidad desde el ámbito económico y político es hasta cierto punto desconocida. Esta enfoque criminológico busca cuestionar la explicación que la ideología hegemónica da a la criminalidad, es decir cuestiona el status quo y gira en 180° el cuestionamiento del criminal hacia el Estado y sus instituciones.

Durante los años ‘60, una serie de investigaciones realizadas en Estados Unidos de América, focalizaron por primera vez el interés de la Criminología en la parte subjetiva de la delincuencia, es decir, de qué manera la ciudadanía percibe la problemática delictiva más allá de cómo es objetivamente. Se observó que existía una parte de la seguridad subjetiva que afectaba gravemente al bienestar de los ciudadanos, que tenía que ver con el temor de las personas a sufrir un delito. Dicho fenómeno fue conceptualizado como “miedo al delito”. Los primeros estudios sobre miedo al delito revelaron que el temor de las personas a ser victimizadas no siempre correspondía con las probabilidades reales de sufrir un delito, y los ciudadanos con menor probabilidad de ser victimizados eran precisamente aquellos con mayor miedo. Con la finalidad de comprender el fenómeno del miedo al delito, el presente introduce el concepto, sus problemas de medición y la necesidad de su estudio. Igualmente, se introducen las principales aproximaciones teóricas utilizadas para explicar el miedo al delito: Teorías de la percepción de vulnerabilidad, Explicaciones ambientales y Teorías de la victimización y experiencias del delito. A modo de conclusión, se mencionan algunas de las políticas que han obtenido resultados favorables en la reducción del miedo al delito, a la vez que se recalca que los fenómenos sociales varían dependiendo del contexto social, cultural y histórico, por lo que se deberá analizar si las teorías y políticas realizadas en el contexto anglosajón son aplicables en otros ambientes.

La autora presenta su visión personal sobre la aplicación de la Criminología en el ámbito laboral, toda vez que el trabajador durante la relación de trabajo puede actuar desviadamente valiéndose de su cargo y función para sobrepasar el límite de la buena fe laboral y así incurrir no sólo en faltas laborales sino también en ilícitos penales; es por ello que siendo la labor fundamental de la Criminología buscar la prevención del delito, en esta oportunidad resalta la necesidad de prevenir las conductas antisociales que puede presentarse en el desarrollo de cierto tipo de trabajo en las instituciones públicas del estado o empresas privadas.

La proliferación de escuelas en materia criminal se ha incrementado notablemente. La primer universidad en impartir la licenciatura fue la: Autónoma de Nuevo León, posteriormente se creó en otras muy pocas escuelas públicas: San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Con la iniciativa de las escuelas privadas en implementar esta licenciatura, el incremento ha sido enorme, en la presente lista se muestran las escuelas detectadas a al fecha de la publicación de este censo, siendo casi 300, ya no solo existen las licenciaturas en Criminología y/o Criminalística, sino que se han derivado en algunas extrañas variantes también. Si se tiene conocimiento de alguna escuela que no esté en el listado, por favor contactar a alguno de los autores.

El presente artículo se ocupa de los derechos humanos y la criminología, como base fundamental de una política criminológica eficaz para la prevención, el control y la reducción de la criminalidad que azota nuestra realidad e inunda de inseguridad la vida diaria, poniendo en evidencia el incumplimiento de los fines del estado. Los objetivos del estudio consisten en demostrar la necesidad de que los derechos humanos sean la fuente de la criminología; comprobar que el programa constitucional criminológico no tiene un reflejo fiel en la realidad, en la que se privilegia la pena por la venganza al daño infligido con el delito; reiterar que la educación es el único instrumento capaz de transformar al hombre y, consecuentemente, a la sociedad para que el control social sea horizontal y no autoritario ni vertical; e insistir en lo que el autor viene expresando en varios de sus ensayos, respecto a que la política criminológica que existe actualmente es predominantemente penal y, por ello, inidónea para hacer frente a una criminalidad en desestabilizadora tendencia creciente. Las conclusiones a las que arriba el autor consisten en que la única solución al álgido problema de criminalidad que nos afecta gravemente en la sociedad peruana es el diseño de una política criminológica eficaz que acometa en las raíces estructurales del problema, para lo cual es necesario hacer uso de la ciencia criminológica más que del derecho penal, para no perder tiempo en castigar irrazonablemente perdiendo la oportunidad histórica de reeducar al hombre; y para ello debe programarse la enseñanza de la criminología y de los derechos humanos desde la educación inicial hasta la educación superior para ir formando progresivamente a los miembros del colectivo social en la construcción de una ética privada y pública compatible con la dignidad humana.

Nos ocuparemos aquí de subrayar el papel primordial que tiene la educación y, consecuentemente, la política criminal de prevención primaria en la dinamogénesis delictiva. Partimos, para esclarecer lo supra dicho, de los actuales conocimientos acerca de los efectos socio-conductuales (éticos o criminógenos) producidos por el aprendizaje sobre las pautaciones básicas de carácter filogenético.

Presentación al volumen VII

Bienvenida del presidente de la SOMECRIMNL al volumen VII